LA REFORMA QUE IZQUIERDA UNIDA DEFIENDE
La viabilidad de las pensiones no es una cuestión económica sino que es una decisión política. Por eso Izquierda Unida defiende que la prioridad no está en recortar el gasto sino aumentar los ingresos para de esta forma no tener que recortar derechos.
Hacemos un llamamiento a sindicalistas, trabajadores autónomos, organizaciones vecinales, movimientos sociales y al conjunto de la mayoría social trabajadora de nuestra Comunidad a defender con nosotros y nosotras una Alternativa social a la crisis, que tenga como objetivo impulsar la movilización para la defensa del empleo y de los derechos sociales, y a participar en las movilizaciones sindicales convocadas. Para ello proponemos seis medidas en defensa del sistema público de pensiones de nuestro país:
• Crear empleo para aumentar los ingresos. Para ello defendemos una reforma fiscal progresiva que permita aumentar el gasto social y la inversión, y de esta forma crear empleo y construir un Estado del bienestar avanzado. Al reducirse el paro, aumentan los cotizantes y disminuyen las prestaciones por desempleo, lo que permitiría aumentar un 20% los recursos disponibles para las pensiones.
• Avanzar de manera gradual y flexible en la reducción de la edad de jubilación a los 60 años como forma de repartir el trabajo y crear empleo; y de manera inmediata en el sector de la construcción.
• Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos y no vía cotizaciones, lo cual generaría 7.000 millones de euros anuales adicionales para el pago de pensiones.
• Incrementar el SMI hasta alcanzar el 60% de la media salarial, con el objetivo de elevar la base mínima de cotización. Incrementar la base máxima de cotización.
• Prohibir la utilización de la prejubilación como mecanismo de ajuste de plantilla por parte de los empresarios, lo que supondría aumentar los ingresos públicos equivalente al 6% del PIB.
• Por último, garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público de pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos, tal y como se hace en países europeos como Dinamarca o Francia.
La viabilidad de las pensiones no es una cuestión económica sino que es una decisión política. Por eso Izquierda Unida defiende que la prioridad no está en recortar el gasto sino aumentar los ingresos para de esta forma no tener que recortar derechos.
Hacemos un llamamiento a sindicalistas, trabajadores autónomos, organizaciones vecinales, movimientos sociales y al conjunto de la mayoría social trabajadora de nuestra Comunidad a defender con nosotros y nosotras una Alternativa social a la crisis, que tenga como objetivo impulsar la movilización para la defensa del empleo y de los derechos sociales, y a participar en las movilizaciones sindicales convocadas. Para ello proponemos seis medidas en defensa del sistema público de pensiones de nuestro país:
• Crear empleo para aumentar los ingresos. Para ello defendemos una reforma fiscal progresiva que permita aumentar el gasto social y la inversión, y de esta forma crear empleo y construir un Estado del bienestar avanzado. Al reducirse el paro, aumentan los cotizantes y disminuyen las prestaciones por desempleo, lo que permitiría aumentar un 20% los recursos disponibles para las pensiones.
• Avanzar de manera gradual y flexible en la reducción de la edad de jubilación a los 60 años como forma de repartir el trabajo y crear empleo; y de manera inmediata en el sector de la construcción.
• Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos y no vía cotizaciones, lo cual generaría 7.000 millones de euros anuales adicionales para el pago de pensiones.
• Incrementar el SMI hasta alcanzar el 60% de la media salarial, con el objetivo de elevar la base mínima de cotización. Incrementar la base máxima de cotización.
• Prohibir la utilización de la prejubilación como mecanismo de ajuste de plantilla por parte de los empresarios, lo que supondría aumentar los ingresos públicos equivalente al 6% del PIB.
• Por último, garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público de pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos, tal y como se hace en países europeos como Dinamarca o Francia.
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