Hoy pensaba escribir sobre los presupuestos de Esperanza Aguirre, del PP, esos presupuestos de vergüenza, que una vez más el PP nos impone gracias a esa mayoría absoluta que tiene.
Pero cuando he empezado a escribir me he dado cuenta que el
blog de Ventanas de Falcón, lo había hecho muy bien, y como creo que a veces es mejor no repetirse pues entrar en ese blog y veréis que delicia.
Ahora bien, de lo que si os voy a hablar es de educación, de esa política de educación que nos lleva a la segregación, al fracaso, a la degradación. Espero que esta entrada genere el mismo debate que otras bastante menos interesantes.
La política presupuestaria de los últimos cinco años ha ido marcando la pauta de un abandono progresivo de la enseñanza pública provocando una situación de caos, malestar y crispación, que se han acabado convirtiendo en elementos esenciales del panorama educativo madrileño, en los últimos tiempos.
Efectivamente, el dinero que debe servir para construir y arreglar los centros de enseñanza y para aumentar el profesorado necesario no es suficiente, y en cinco años el peso del gasto educativo ha disminuido sustancialmente en el total del presupuesto de la Comunidad de Madrid.
Los centros se deterioran y no se arreglan convenientemente, ni en el debido plazo, cuando se hace imprescindible el desarrollo de centros que impida el desbarajuste privatizador y potenciar la red de centros públicos, con la modernización de útiles e instalaciones, se impulsan las cesiones de suelo público para colegios privados.
Ese es el caso de Arganda donde después de haber perpetrado un desastre de colegio público se prepara el regalo de suelo a la empresa privada. El colegio recién creado sólo ha puesto en uso cinco de las aulas de las que dispone; en el resto de los colegios las ratios en las aulas se disparan,.
Pero tampoco ha habido dinero suficiente, en los últimos cinco años, para remodelar centros de enseñanza envejecidos de primaria y secundaria porque las inversiones se han ido recortando.
Y así, escuelas e institutos van acumulando deficiencias que provocan, tanto a su aspecto descuidado, como a carencias por unos medios y recursos obsoletos –recordemos el colegio donde no se ha construido el comedor.
Izquierda Unida entiende que el derecho a la educación debe ser garantizado por los poderes públicos, por lo que consideramos que la Administración Regional y la Municipal tienen la obligación de construir los centros públicos necesarios para una educación de calidad, digna y garante de igualdad.
Resulta sorprendente, y más en los tiempos que corren, no sólo los regalos de suelo público a empresas privadas, sino que se persistan en modelos de escuela que, se diga lo que se diga, obligan a los padres a desembolsos económicos, lo que se puede decir se otra manera: es incomprensible en estos tiempos que corren que sólo se garantice educación a quien pueda pagársela.
EL creciente desarrollo de la educación privada, concertada o no, y apoyada por PP y PSOE, contrastan con los hechos demostrados tanto en Arganda como en el conjunto de la Comunidad de Madrid, de que el ámbito privado de la educación no garantiza, antes al contrario, los valores que deben caracterizar una enseñanza democrática, plural, integradora y participativa.
Además de colegios públicos, nos falta profesorado para realizar convenientemente apoyos y refuerzos ante las dificultades de aprendizaje del alumnado. Y se necesitan más profesionales de la orientación educativa y mejorar la formación del profesorado.
Y falta apoyo para la comunidad educativa, para alentar la participación y la mejora de las actividades en los colegios. En el Ayuntamiento de Arganda el apoyo a las AMPAS es de 630 euros/año. 70 euros por mes lectivo.
Se hace necesario plantear nuevas ideas que permitan la ampliación de los horarios de mañana y tarde, así como los comedores escolares y las actividades extraescolares, sin que su coste recaiga en el profesorado o en las familias.
La gestión política de nuestra educación está introduciendo elementos que niegan la educación como servicio público, como derecho universal para todos los ciudadanos y ciudadanas.
El desarrollo de la enseñanza pública es el principal instrumento de los poderes públicos para garantizar el derecho universal a una educación de calidad, tal y como indican nuestras leyes.
Sin embargo, en Arganda como en Madrid las decisiones políticas han olvidado esta función de la enseñanza pública. Ha olvidado que es responsabilidad de cualquier gobierno velar por la calidad y el dinamismo de su enseñanza pública.
Por eso estamos en contra de la privatización: privatizar para segregar, para generar desigualdad. Una desigualdad que no crea calidad, muy al contrario, acompaña a una evolución negativa de la tasa de fracaso escolar.
Cuando hacemos una propuesta de demanda de un colegio público, hacemos, un llamamiento a todo el mundo a comprometerse con la enseñanza pública como principal instrumento para garantizar el derecho universal a una educación de calidad, por la igualdad de oportunidades y la integración social, frente a la concepción segregadora que inspira la política aplicada en los últimos años, en Arganda y en la Comunidad de Madrid.
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